Una de las aristas de fiscalización permanente por parte de la Unidad de Gestión de Ambiental de la (UGAM) de la Autoridad Sanitaria, es la verificación del cumplimiento del Código Sanitario en las empresas gestoras de residuos no peligrosos. Ello, validando su funcionamiento de acuerdo a las normativas vigentes y constatando que la operatividad, cumpla con los requisitos establecidos en los reglamentos sanitarios. En ese contexto, la Dra. Marta Bravo, seremi de Salud, encabezó una fiscalización a la empresa Chile Recicla SPA, emplazada en el km 410 de la Ruta 5 Sur, comuna de Chillán Viejo.
Dicha planta está autorizada por Resolución 1509/19 para acumulación, tratamiento, selección, industrialización desuso, puntualizó Bravo, agregando que durante el recorrido se verificaron los protocolos establecidos en contexto de pandemia por Covid-19 en lugares de trabajo, incluyendo correcto distanciamiento social de los trabajadores, dispensadores de alcohol gel y superficies de tránsito despejadas.
Ricardo Espinoza, encargado de la UGAM, precisó que se inspeccionaron los elementos presentes en bodega interna y lo almacenado en los exteriores, incluyendo plásticos, espuma aislante, carcasas de refrigeradores, y chatarrería en general.
“Lo importante es que este tipo de plantas cumplan con los decretos que las regulan. Luego, se consigue el beneficio indirecto de evitar el arribo de aparatos electrónicos en mal estado a rellenos sanitarios, lográndose una reutilización de piezas o partes de esos aparatos, a través del reciclaje”, afirmó Bravo.
Juan Ortiz, jefe de planta, explica que reciben desde celulares hasta refrigeradores. “Son desarmados y se obtienen diferentes partes y piezas que van desde un trozo de cable hasta cobre. Todos los elementos que recuperamos en esta planta lo derivamos a destino final donde se realiza el reciclaje”, comenta, añadiendo que la chatarra se recicla en el país, mientras que el cobre se entrega a recicladores locales pero que después lo exportan, mientras que las placas de circuitos se envían a Bélgica, Alemania y Hong Kong.
El volumen mensual de lo que se almacena y luego se desarma es de cien toneladas, la mayoría proveniente de los propios fabricantes o de municipios que gestionan con particulares la venta de aparatos en desuso.